El futuro del campo
Los nuevos usos del campo enfrentan a los agricultores y ganaderos con urbanitas
Mientras unos demandan políticas de conservación de la fauna, la flora y el paisaje, otros perciben la protección del medio ambiente como una agresión a su modo de vida
La Vanguardia. 13 de febrero de 2009
El campo ya no sólo produce alimentos, sino también tranquilidad y formas de ocio saludable. Los nuevos usos del territorio rural enfrentan a sus habitantes tradicionales con los que llegan de la ciudades en busca del paraíso. Mientras unos demandan políticas de conservación de la fauna, la flora y el paisaje, otros perciben la protección del medio ambiente como una agresión a su modo de vida. A veces es difícil conciliar los intereses de todos.
Como afirma Joan Nogué, director del Observatori del Paisatge, "el país se ha encogido", fruto del desarrollo de las vías de comunicación. "Son conflictos de usos", opina Edelmiro Iglesias, director general de Desarrollo Rural de la Xunta de Galicia. "Hay un contencioso social y cultural entre dos visiones del mundo rural", completa el geógrafo gallego Román Rodríguez.
El Estado, como sostiene Edelmiro Iglesias, debe ordenar los usos del territorio, compensar a los afectados por aquellas actividades que no retribuye el mercadoy organizar la transición en territorios en los que las políticas de protección pueden generar riqueza en el futuro. En analogía con el principio de que "el que contamina paga", Jesús Arango, profesor de Economía de Oviedo, propone que "el que limite, compense".
A continuación, ejemplificamos con casos reales los conflictos de intereses entre el mundo rural y el urbano en diferentes pueblos de Catalunya, Asturias y Galicia.
AVES Y AGUA
Proteger las aves esteparias. Es la exigencia, bajo la amenaza de una millonaria multa, de la Unión Europea para dar luz verde a la eterna obra del canal Segarra-Garrigues. La UE, siguiendo la indicación de ecologistas, recorta en más de 20.000 hectáreas las 70.000 que se iban a convertir en terrenos de regadío.
La medida de protección de esta zona especial de protección de aves afecta a 18.0000 payeses que no entienden que una lista de pájaros –lgunos en seriopeligro de extinción– tenga más fuerza que su futuro. La solución no se apunta fácil. Todas las esperanzas están puestas en el Govern de Catalunya. Los regantes se manifestarán el lunes en la plaza Sant Jaume, en Barcelona. El rural sabe que para ser escuchado tiene que desplazarse hasta el centro urbano. Los conflictos por la protección de aves existen en otras zonas, como en A Limia (Ourense), donde enfrenta a agricultores y ecologistas, en una comarca que sufrió grandes daños ambientales al secarse la laguna de Antela para cultivar patatas.
SEGUNDAS RESIDENCIAS
Joan Nogué, catedrático de Geografía Humana de la UdG y director del Observatori dels Paisatge de Catalunya, afirma que el "mobbing rural con mayúsculas" es el derivado de la presión urbanística que padece el entorno rural más virgen. Nogué opina que esta situación "debería ser rechazada y perseguida". Pero no toda la culpa la tienen los especuladores.
"La paradoja es que encontramos involucrados también a determinados actores locales", añade Nogué. Cuando la construcción de segundas residencias es desmesurada, el ambiente rural queda tocado y llegan los conflictos entre autóctonos y forasteros. En la Cerdanya nacieron los primeros movimientos para exigir un freno. Y otra paradoja: muchos de los que ahora no quieren más segundas residencias son los que ya tienen una en la zona que se quiere proteger.
GRANJAS MOLESTAS
Ahora que está tan de moda hablar de mobbing rural, algunos habitantes de ese entorno, cada vez más amenazado por agentes externos, no dudan en subirse al carro de aquellos que más levantan la voz para defender su modo de vida. Se han dado casos de granjeros que después de ser condenados a interrumpir la actividad de sus explotaciones, que los jueces han considerado ilegales, no han dudado en culpar de esas sentencias a los vecinos de las segundas residencias. Es la salida más fácil para justificar una actividad irregular que también molesta a los autóctonos. Pero a estos les cuesta más emprender acciones ilegales contra sus vecinos.
En Catalunya la ley es muy clara: está prohibido levantar granjas dentro de los núcleos de población. Y en la mayoría de los pueblos –ahora ya no hay corrales de siete vacas o de veinte ovejas– los ganaderos han ido adaptándosea esta normativa. Otra cosa es, como explica un pastor de Val d'Aran, que las sucesivas ampliaciones urbanísticas acaben afectando a los pocos corrales que quedan.
'MOBBING' RURAL FRACASADO
En Vilalba (Lugo) conviven 15.000 personas y 18.000 cabezas de vacuno. La potencia numérica de la boina ha ahogado los intentos de mobbing rural. El ex alcalde, Agustín Baamonde, cuenta que recibió a varios propietarios de segundas residencias que protestaban por el mal olor de los silos y la proliferación de moscas. "Les dije que el rural es así y que los campesinos llegaron antes. O se adaptaron o se marcharon", explica.
En Lalín (Pontevedra), la dueña de una residencia de fin de semana fue con un abogado al Ayuntamiento para exigir que su vecino no echase purines ni en sábado ni en domingo. "Si cerramos las granjas, ¿de dónde van a salir los alimentos y quién va a cuidar el campo?", expone Manuel Fernández, concejal de Lalín, un pueblo con 21.000 habitantes y 25.000 vacas. No hay constancia de que el mobbing rural haya provocado en Galicia el cierre de granjas, protegidas por una norma que legalizó las ya consolidadas.
CAMPANAS Y GALLOS
Quejas por el ruido de las campanas o el canto del gallo. Aunque esa es la anécdota en el conflicto rural-urbano, cuando uno de estos casos llega a los medios de comunicación tiene el éxito asegurado. En Alfés (Segrià) o Sort (Pallars Sobirà), las quejas de vecinos por el ruido de las campanas durante la noche llegaron a transformarse en contenciosos.
En algunos pueblos de Girona ese choque entre dos culturas se ha producido por las molestias causadas por el canto de un gallo o el ruido de los cencerros que llevan vacas y ovejas. En un pueblo del Pallars Jussà el agua sabía a cloro los fines de semana. Nadie se explicaba el porqué de este cambio de gusto, hasta que los vecinos descubrieron que uno de los dueños de una segunda residencia ponía pastillas en el depósito municipal. Los urbanitas demandan nuevos servicios, como alcantarillado o depuradoras, carísimos en algunas zonas, como señala el geógrafo Román Rodríguez.
OSOS, LOBOS Y HUMANOS
"Aquí nos meten de todo, sin consultar". Es la queja que más se oye en el entorno rural catalán. La sensación de que todo se decide en los despachos de Barcelona o Madrid es generalizada. Y eso ha pasado con el oso. Las críticas más duras llegan desde Aran con mensajes como: "Nos ponen el oso en nuestros bosques para que nos vayamos de nuestras casas".
La falta de un pacto rural-urbano en reintroducciones de especies abre todavía más la brecha que separa esos dos mundos. En Asturias, en cambio, el oso es ya una marca rural, de la que se enorgullece la población, aunque también hay conflictos con esta especie y otras como el lobo. Los ganaderos denuncian constantes ataques y los ecologistas critican las cacerías. En Galicia hay enfrentamientos periódicos por las batidas del zorro, tradicionales en varios pueblos. El economista Jesús Arango pone de relieve que en algunas áreas rurales asturianas el ser humano es también una especie en extinción.
NATURALEZA PROTEGIDA
Las administraciones saben que se mueven en tierras movedizas cada vez que se plantea ampliar la protección de un espacio natural. Desde la zona implicada estos planes se ven como una agresión al considerar que el objetivo es que los urbanitas puedan disfrutar de entornos vírgenes. Un ejemplo está en la propuesta de ampliación del parque nacional de Aigüestortes. Los vecinos de los valles con más hectáreas protegidas no quieren nuevos mapas, pues saben que esa ampliación les resta terreno para cazar y coger setas.
En O Courel (Lugo), una parte de los vecinos y los grupos ecologistas denuncian la proliferación de las canteras que arruinan la maravillosa sierra, pendiente desde hace lustros de ser parque natural. Otros lugareños apoyan a las empresas, como fuentes de trabajo. En 1927 varios naturalistas propusieron que otra sierra lucense, Os Ancares, fuese declarada parque natural, pero hoy aún no ha sido posible, por la oposición vecinal.
TRADICIONES IMPORTADAS
En Catalunya se han reinventado en algunos pueblos tradiciones que jamás existieron. Eso ocurre cuando los dueños de segundas residencias suman más que los autóctonos. En esos casos el poder de decisión de los que viven todo el año en esos núcleos se esfuma. Los de fuera deciden cómo se montan las fiestas y hasta se inventan actos tradicionales que se hacían en localidades vecinas pero que en el núcleo donde ellos viven nunca existieron.
PEÑA RAMIRO dijo
Hola Paisajes, te noto hiperactivo, eso está muy bien!!
No paras de postear.
Muy interesante el artículo que nos presentas, y que da a entender lo difícil que se hace el compaginar todas las actividades: lo bueno para unos en ocasiones es visto como no tan bueno para otros.
Y te adjunto un artículo aparecido en Las Provincias de hoy:
Los municipios con parques eólicos se unen en Morella para reclamar más beneficios fiscales
Más de 20 localidades de toda España exigen más fondos en el cónclave de la capital de Els Ports.
Una docena de representantes de consistorios del Norte e interior de Castellón participaron en la reunión celebrada ayer en la sala gótica del Ayuntamiento de Morella convocada por la Asociación de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables. El objetivo del cónclave era dar conocer las posibilidades fiscales que se pueden derivar por el aprovechamiento de sus términos municipales por parte de las empresas energéticas que explotan la fuerza del viento, principalmente. Este colectivo engloba a más de 20 municipios de todo el país, entre ellos de las provincias de Tarragona, Valencia, Zamora, Guadalajara, Asturias y Huelva. Forman parte de la comisión ejecutiva de la entidad municipios como Ascó y Cofrentes, con energías nucleares presentes en su territorio y diputaciones. El objetivo ha sido claro desde un principio: arrancar recursos económicos para los ayuntamientos y ciudadanos por el uso lucrativo y beneficio que obtienen de su paisaje y territorio estas empresas.
Rubén Abella, secretario general de la organización explicó que los principales logros de este colectivo han sido a nivel de tributación local. La idea es que si los municipios que acogen producción de energía sufren unas consecuencias colaterales, éstos tengan el mismo trato que los que tienen en sus municipios empresas que se dedican a la hidroeléctrica, la térmica o la nuclear. En este punto ha sido crucial la inclusión en la Ley del catastro de los aerogeneradores como bienes inmuebles de características especiales (BICES), lo que supone una expectativa de ingresos por el IBI destacable, posibilidad que había quedado inicialmente excluida. Fue a partir del encargo de la Federación Gallega de Municipios cuando el colectivo interpuso en el Supremo un recurso que fue finalmente estimado conllevando la nulidad de parte del reglamento que desarrollaba esta normativa.
El criterio de la asociación es que este tipo de instalaciones eléctricas son a la larga positivos por sus beneficios económicos en forma de puestos de trabajo, impuestos y convenios con los propietarios del parque. "Lo que ocurre es que son municipios pequeños que se encuentran solos y estar unidos y asesorados les servirá para defenderse mejor", abundó Abella. Las inquietudes de los municipios son las mismas. "Se trata de hacer un lobby para ejercer presión a nivel institucional", concluyó el secretario general.
Ante la crisis, estas posibilidades de ingresos no han sido ignoradas por los alcaldes, que se han organizado entorno a esta entidad y conseguir que los parques eólicos tributen como el resto de los inmuebles. "Aún queda camino por recorrer", explicó Abella, que señaló que van a proponer cambios en el impuesto "como reforzar la base imponible en que se liquida el Impuesto de la Construcción". Señaló que la lucha "es por una valoración distinta y más acorde con las instalaciones".
Este colectivo ha mantenido ya contactos con la patronal de la energía Unesa, diversos institutos y con la Asociación de Productores de Energía Renovables (APPA). Ximo Puig, anfitrión del encuentro al que asistieron representantes de Castellfort, Portell, la Mata, Vilafranca, Villores, así como alcaldes de la comarca de los Serranos en Valencia, explicó que entre los acuerdos que se adoptaron figura la necesidad de realizar un estudio de la singularidad del Plan Eólico Valenciano. Para Puig, el mapa eólico implica unos radios de afección de un kilómetro desde el aerogenerador expropiatorio de derechos a muchos ciudadanos y de ordenación territorial a muchos ayuntamientos. Algunos consistorios prevén "van a ser nuevas ordenanzas sobre las líneas de transporte, algo que se planteará a la asociación para ver si es viable o no".
Saludos Paisajes!!
17 Febrero 2009 | 06:05 PM